Casos Emblemáticos de Acoso y Violencia Política
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Casos Emblemáticos de Acoso y Violencia Política

Juana Quispe Apaza fue elegida Concejala del municipio de Ancoraimes en las elecciones realizadas del 4 de abril de 2010 y en su momento debidamente reconocida por el ahora Tribunal Electoral Departamental de La Paz (TED). Desde un inicio no pudo realizar sus tareas como autoridad elegida, al ser obstaculizada por la acción de dirigentes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Ancoraimes de la provincia Omasuyos, que en su XIII Congreso Ordinario realizado en julio de 2010, en una de sus Resoluciones dictaminó desconocer definitivamente a un concejal y a la Concejala Quispe.

El 5 de julio del mismo año, la Concejala presenta ante el presidente del Concejo Municipal de su municipio una nota solicitando su reincorporación, explicando que según el Art. 27 de la Ley 2028 de Municipalidades no habría razón para la suspensión; este pedido no fue considerado. Ante esta situación, la Concejala plantea una Acción de Amparo Constitucional, misma que después de haber seguido el debido trámite, en fecha del 30 de septiembre de 2010 y tras una serie de largos procesos, restituye los derechos constitucionales a la Concejala Quispe. Fallo que no es acatado por el Concejo Municipal.

El 10 de noviembre del 2010, la Concejala presenta un informe elaborado por la policía de Ancoraimes donde se señala que fue acompañada por la propia policía al lugar donde se efectuaba la sesión del Concejo Municipal para participar de la misma y hacer cumplir el fallo. Sin embargo, el lugar se encontraba resguardado por autoridades sindicales y comunarios que no la dejaron ingresar. Unos días después, el día 16 de noviembre, el Juez de Partido y Sentencia de Achacachi dispone la remisión de antecedentes al Ministerio Público por “Desobediencia a Resoluciones en procesos de acciones de amparo constitucional Art. 179 Bis del Código penal”, proceso llevado a cabo en contra de tres concejales por desobediencia a Resoluciones de Amparo Constitucional. Hasta esa fecha la Concejala Juana Quispe no pudo ejercer su cargo ni recibió ninguna remuneración, sus testimonios, muestran cansancio y desmoralización ante estos hechos.

El 17 de noviembre el concejo envía una nota al Concejo Municipal justificando la renuncia de la concejala y cita las razones por las que se estaría habilitando a otro en su lugar. Al día siguiente, el 18 de noviembre la Concejala Juana Quispe presenta un memorial al Tribunal Supremo Electoral denunciando un trámite fraudulento de habilitación de otra Concejala en el Municipio, y recurre a la autoridad Judicial notificando sobre estas acciones de obstaculización y atropello. Lo que siguió, fue una serie de actos de “discriminación, vejámenes, humillaciones” por parte del Concejo Municipal que impidieron el ejercicio de las funciones de la Concejala. Finalmente después de toda esta lucha, Doña Juana Quispe asume su cargo; en medio de problemas y acciones legales. Desgraciadamente, dos semanas después, el 12 de marzo de 2012 su mandato concluye abruptamente porque es asesinada cruelmente.

 

La concejala Magda Haase Pérez, del municipio de Tarvita, el año 2011 manifestó su desacuerdo con relación a Resoluciones hechas por el Alcalde y otros miembros del Concejo. Fue secuestrada y obligada a renunciar. Después de varios procesos legales que duraron más de 2 años, en fecha 14 de noviembre de 2013 el Concejo Municipal de Tarvita sesionó y en el orden del día se incorporó el punto de la Sentencia Constitucional, lo único que se pudo obtener como información es que el Concejo y Alcalde no permitirían que la Concejala retorne al Concejo Municipal harían hasta la imposible. La Concejala formó parte del Directorio Nacional de ACOBOL; fue víctima de acoso y violencia política, siguió su lucha en el proceso que duró más de tres años y se logró que la restituyeran en el cargo, sin embargo a la fecha aún existe impunidad y no hay sanción para los agresores.

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